Información Complementaria

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en España, formalmente conocida como Ley 19/2013, fue promulgada el 9 de diciembre de 2013. Esta legislación constituye un pilar fundamental en la promoción de la transparencia en la actividad administrativa, el acceso público a la información y la regulación del buen gobierno, marcando un hito en la historia administrativa española.

Los objetivos principales de esta ley son tres:

• Transparencia en la Actividad Pública: Busca incrementar y fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos públicos, obligando a las administraciones y entidades públicas a publicar de forma proactiva una amplia gama de información sobre sus actividades, estructura, funcionamiento y procesos de toma de decisiones. Esto incluye, entre otros, datos económicos, contrataciones, acuerdos y convenios.
• Derecho de Acceso a la Información: Establece el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública, con ciertas excepciones limitadas y claramente justificadas, como pueden ser la seguridad nacional, la protección de datos personales o los derechos de propiedad intelectual, entre otros. Este acceso se concibe como un instrumento para garantizar la participación ciudadana y el control democrático de las instituciones.
• Buen Gobierno: Define las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, estableciendo mecanismos de responsabilidad en caso de incumplimiento, con el fin de asegurar una gestión pública eficaz, eficiente, transparente y orientada al servicio del interés general.

La Ley de Transparencia aplica no solo a la Administración General del Estado, sino también a todas las comunidades autónomas, entidades locales, y en cierta medida, al sector privado que recibe subvenciones o fondos públicos significativos.

Asimismo, introduce la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como entidad independiente encargada de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley, resolver las reclamaciones de los ciudadanos que se les niegue el acceso a la información y promover políticas de transparencia en las administraciones públicas.

Esta ley refleja el compromiso de España con los principios de transparencia, considerados esenciales en las democracias modernas y como mecanismos contra la corrupción.

En España, el concepto de Gobierno Abierto ha cobrado una importancia significativa con la promulgación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta ley marca un paso decisivo en la consolidación del Gobierno Abierto en el país, estableciendo un marco legal que promueve la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas de las actividades del sector público, fundamentos esenciales de este enfoque de gobernanza.

La adopción de la Ley 19/2013 refleja el compromiso de España con los principios del Gobierno Abierto, enfocándose en:

• Transparencia: La ley impone a las administraciones públicas y otras entidades obligadas la publicación proactiva de información relevante sobre su actividad, asegurando que los ciudadanos puedan acceder a ella de manera sencilla y comprensible. Esto incluye información sobre el funcionamiento y organización del gobierno, así como sobre sus acciones y decisiones financieras.
• Acceso a la Información Pública: Se establece el derecho de acceso a la información pública como un principio fundamental, permitiendo a cualquier ciudadano solicitar información poseída por las administraciones públicas, salvo algunas excepciones limitadas y justificadas legalmente. Este derecho es un pilar clave para la participación ciudadana y el control democrático.
• Buen Gobierno: La ley también establece obligaciones de buen gobierno para los responsables públicos, promoviendo principios éticos y de conducta en la gestión pública. Se busca garantizar una administración eficaz que actúe de manera transparente, responsable y orientada al servicio del interés general.

A raíz de esta legislación, España ha implementado diversas iniciativas y herramientas para fomentar la transparencia y facilitar el acceso a la información, como el Portal de la Transparencia. Este portal sirve como punto de acceso a la información sobre las actividades y la gestión de las diferentes administraciones públicas, consolidando así los fundamentos del Gobierno Abierto en el país.

La Ley 19/2013 es, por tanto, un hito en el proceso de profundización democrática y modernización de la administración pública en España, alineando al país con las mejores prácticas internacionales en materia de Gobierno Abierto y reforzando el compromiso con una gestión pública más abierta, participativa y responsable.

El derecho de acceso a la información pública en España, establecido con la promulgación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, constituye un principio fundamental para el ejercicio de la transparencia gubernamental y la participación ciudadana. Este derecho permite a cualquier persona solicitar y recibir información de las administraciones públicas, sin necesidad de justificar motivo alguno para su solicitud.

Según esta ley, el acceso a la información pública se entiende como la facultad de los ciudadanos de obtener información que está en posesión de los entes públicos, incluyendo documentos, archivos, contratos, datos y registros, entre otros. La normativa especifica que la administración tiene la obligación de facilitar esta información de manera proactiva, es decir, publicando y actualizando regularmente datos relevantes sobre su gestión y actividades en plataformas accesibles, como el Portal de la Transparencia.

No obstante, el derecho de acceso a la información pública no es absoluto. La ley establece una serie de límites y excepciones para proteger otros derechos e intereses, como la seguridad nacional, la defensa, la política económica y monetaria, la protección de datos personales, los derechos de propiedad intelectual e industrial, y la garantía de los procesos judiciales y administrativos, entre otros. Cuando una solicitud de información es denegada, se deben proporcionar las razones específicas de la negativa, y el solicitante tiene el derecho a apelar la decisión.

La implementación de este derecho tiene como objetivo promover una mayor transparencia en la administración pública, fortalecer la rendición de cuentas, y fomentar una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, facilitando el control social sobre las actividades gubernamentales y contribuyendo a la lucha contra la corrupción. Con la Ley 19/2013, España se alinea con las directrices internacionales sobre Gobierno Abierto y establece un marco legal sólido para garantizar el acceso a la información pública como un derecho ciudadano esencial.